Nota: enviado a El País el día 5 de junio, con el título Desmanteladores, y algún cambio, se publicó el domingo 13 de junio de 2004 en la edición El País del País Vasco.

Periódicamente, portavoces del neo-liberalismo más agresivo, desde la seguridad de su posición social, y garantizado su holgado futuro económico, augurando grandes catástrofes claman por el desmantelamiento del estado del bienestar. Como en el ejemplo del Evangelio, no ven la viga que representa la desmesura de sus ingresos mientras claman por la paja de un salario mínimo, unas pensiones mínimas, o una sanidad y una educación insuficientes. No quieren darse cuenta de que no es el estado social europeo quién pone en peligro nuestro futuro, sino la codicia sin límite de unos ejecutivos que, por poner el ejemplo del último vocero de esos liberales, Alfredo Sáenz, vicepresidente de un banco que año tras año supera su propio record de beneficios, sólo con los 60 millones de euros del fondo de pensiones blindado de que se ha dotado se podrían pagar el salario mínimo anual de más de ocho mil trabajadores. Estos hechos descalifican a quienes desde actitudes próximas a la rapiña pretenden dar consejos de moderación. Y si además, con sus declaraciones crean alarma social, debe ser la fiscalía quien los haga callar, y el fisco quien ponga límite a unas diferencias escandalosas.

Años atrás hemos tenido que escuchar a personajes como Manuel Azpilicueta, entonces presidente del Círculo de Empresarios, quien en abril de 2000 dijo que los parados tendrían que devolver algo de lo que reciben, propuso para la SS un sistema de capitalización (volvió a insistir en agosto de 2003) que ha hecho agua en el Cono Sur sudamericano, y afirmó que la gestión de la Sanidad estaría mejor en manos privadas siempre y cuando las empresas obtuvieran de ello beneficios. En noviembre del mismo año propuso que a las trabajadoras en edad fértil se les detrajera una cantidad de su sueldo para constituir un fondo que sirviera para costear su maternidad. En la primavera del 2003 señaló que la cuantía del desempleo se debería reducir mes a mes, y dejar el INEM en manos de las ETTs. En julio del mismo año afirmó que el salario mínimo es el causante de que no se ofrezca un empleo a quien estaría dispuesto a trabajar por menos dinero, y en octubre de ese año, la revista Cancha, de Caja Navarra, bajo el titular "Navarra se deja asesorar por los expertos", le ofreció una plataforma (hay que ver cómo entienden algunas cajas la obra social) para pedir el abaratamiento de los despidos y la disminución de las prestaciones sociales. Finalmente, en enero de 2004 abogó por limitar la gratuidad de la educación, la sanidad y el transporte público sólo a las personas más necesitadas, y considero que la gestión privada sería de "enorme utilidad" para la prestación de servicios como la enseñanza, la sanidad y el transporte público. Ahora que el señor Azpilicueta, jubilado, disfruta de su particular estado de bienestar, garantizado de por vida y que escapa a las reglas y medidas que propuso implantar, ha tomado el testigo Alfredo Sáenz.

Claro que las normas que predican esos adalides sólo son aplicables a quienes no son de su clase, y cuando les interesa les dan la vuelta como si de un calcetín se tratara. Por eso, Manuel Azpilicueta, cuando ocupaba un alto cargo en el INI no tuvo reparo en afirmar que "si en las actuales circunstancias económicas (febrero del 77) la inversión del sector privado se paraliza, el INI no tendrá más remedio que entrar con fondos públicos en dichos sectores para reanimarlos". Como tampoco ha hecho ascos Alfredo Sáenz a que la banca recibiera ayudas públicas para salvar de la quiebra a entidades gobernadas por personas de su categoría y clase. Estas personas, que estarían contentas actuando como Cheney y las Halliburton, no merecen la consideración social que tienen, y, si tanto peligro ven al futuro europeo, harían bien en marcharse al país del dólar, y no molestar a quienes defendemos un estado social cuya expansión por el mundo es necesaria para solucionar sus graves problemas.