En lo referente al edificio en litigio, el letrado municipal recomienda no entrar en una cuestión de medidas, porque son competencia del juez. Pero se supone que las licencias se deben dar de acuerdo a la legalidad vigente. Por tanto, independientemente de la medición que efectúe el juzgado, corresponde al Ayuntamiento comprobar si ha cometido algún error. Negarse a ello, si se demuestra la existencia de alguna irregularidad, lo pondrá en una situación comprometida: no podrá ampararse en la buena fe, y habrá demostrado que la irregularidad no es casual, sino consentida.

Si mediante "transferencias de aprovechamiento" se pueden trasladar supuestos derechos urbanísticos de Los Llanos a la calle Fray Diego y a otras zonas de la ciudad, ¿qué razón existe para no hacerlo en este caso? Cambiar el Plan General para dejar libre el solar, y transferir los derechos adquiridos, es la oferta que debería presentar la Alcaldesa a vecinos y constructor, para que el problema se pueda resolver en beneficio de todos y sin perjudicar a nadie. La afirmación de la Alcaldesa de que "no cambiaremos el Plan General en beneficio privado", roza la puerilidad. Las más de dos mil firmas recogidas deberían ser suficiente demostración de que en la rectificación que se le exige hay un interés mayoritario, que en este caso, además, coincide con el interés general. Como escribí recientemente, "ampararse en la legalidad de la licencia es risible, porque tal legalidad se basa, exclusivamente, en que se ajusta a una normativa, tan inmutable, que se cambia todos los días para adecuarla a las necesidades locales, pero también para adaptarla a la conveniencia de los intereses privados". Como ejemplo tenemos el caso que nos ocupa, y otros muchos más. ¿Nos puede demostrar la Alcaldesa, que la segregación de la U.E. 5-11 del A.R.-1, la división de la U.P.P.-2 del A.R.-3, los varios cambios en la superficie de parcela mínima en la U.P.P. 5-1, el cambio del aprovechamiento de la entrecubierta en los unifamiliares, o la transformación de las calles peatonales del Sector B en accesos a garajes, no han sido para beneficiar intereses privados? ¿Dónde esta, en estos casos, el beneficio público?

CUE dice que faltaron informes en la comisión que concedió la licencia. Eso es algo que no puedo comprobar, porque desde el 1 de enero de 2000 la Alcaldesa impide la consulta de los expedientes, en base a una orden verbal no razonada ni reglada. A partir de esa fecha, algo que es y debe ser público, sólo puede ser consultado por quien la Alcaldesa quiere. ¿Qué pretende ocultar con ello? ¿Tan segura está de su correcto proceder? Esta medida es aún más chocante si tenemos en cuenta que Beorlegui, antes de llegar a concejal, estaba a jornada completa revisándolos para aprender (?) y hacer méritos. Curioso, ¿verdad?

Nota: esta colaboración se publicó en el suplemento Merindad de Estella de Diario de Noticias, el 24/11/01. Esta colaboración, junto con "Una licencia que no debiera haberse dado", "Crear el problema...", "Aclarando sombras" y "Marcando trochas", analizan el mismo problema.