Nota: estas letras fueron publicadas el miércoles 7 de enero de 2004 en la edición regional del Diario de Noticias de Navarra.

UPN y CDN, con el apoyo de PNV, se han salido con la suya aprobando el proyecto básico de una estación de autobuses en la Ciudadela. Si nos atenemos a los motivos esgrimidos por los dos partidos coaligados, vemos un esfuerzo por arropar sus ideas con palabras a las que les atribuyen un significado distinto al que les corresponde, pero ninguna razón de peso que avale el proyecto. En cuanto al PNV, evitar que UPN le acuse de "no contribuir al desarrollo de la ciudad" parece ser la única razón por la que ha apoyado un proyecto que no reúne ninguna de las virtudes que le atribuyen los portavoces de UPN y de CDN. La estación que van a construir ni será emblemática, ni ayudará a hacer ciudad, ni oculta bajo el suelo servirá para identificar a Pamplona, ni, finalmente, ayudará a dar vida al Casco Viejo. El mayor beneficiario será El Corte Inglés, a cuya mayor gloria parece destinado el proyecto.

A finales de septiembre, cuando la prensa recabó la opinión de arquitectos y otras personas de prestigio técnico reconocido, todos los consultados señalaron que la nueva estación de la Ciudadela, junto con El Corte Ingles, el Parlamento y el Auditorio, generará graves problemas de tráfico que colapsarán el centro de la ciudad. Todos los consultados se mostraron partidarios de otros emplazamientos, como la plaza de Los Fueros, y preferentemente se inclinaron por hacerla en Echavacoiz, junto a la futura estación de RENFE, desde la que autobuses lanzadera llevarían al usuario a su destino, bien sea el centro administrativo, los hospitales, las universidades, aeropuerto u otros destinos. Ahora UPN nos dice que ocho informes relativos a accesibilidad y tráfico avalan la ubicación por ellos deseada. No se moleste el partido en el Gobierno, pero poco valor pueden tener esos informes -por otra parte, parciales-, cuando no ha reparado en medios para remover los obstáculos que se oponían a su deseo, bien sea el cese del responsable de Patrimonio que se negaba a dar su visto bueno, o los cambios en la Ley de Protección del Patrimonio Histórico que ahora se disponen a modificar. Con estos precedentes, ¿qué seguridad tenemos los ciudadanos de que sólo han solicitado los informes que preveían favorables, o qué garantía nos ofrecen de que no han ocultado los que contrariaban su deseo?

El 1 de octubre, Miguel Sanz, en declaraciones a DDN admitió que "por la concentración de tráfico que puede producirse (...) es verdad que hay que analizar en profundidad algunas dificultades de tráfico que puede entrañar la construcción" en la Ciudadela, si bien reiteró la voluntad de Gobierno y Ayuntamiento de construirla porque responde a "compromisos explícitos del pacto de Gobierno" que él piensa cumplir "de forma escrupulosa", y afirmó que para evitar que termine la legislatura "sin que Pamplona cuente con una (estación) nueva (...) no merece la pena perdernos en debates que considero estériles sobre dónde hay que hacer la estación". Como no se han analizado en "profundidad" las dificultades de tráfico que reconocía nuestro presidente, es de agradecer, una vez más, la franqueza con la que se expresa. No es frecuente que te digan que las decisiones se adoptan porque sí; porque le apetece cortar la cinta de su inauguración; porque para él, respetar compromisos adquiridos con sus socios está por encima de que la obra sea o no acertada; y porque es tan valiente que está dispuesto a apoyarla sin valorar las consecuencias de los problemas que va a crear, y sin tener en cuenta los costos y todo aquello que en una sociedad democrática se debe de calibrar antes de decidirse por un proyecto como este. Estamos, una vez más, ante esa innata facilidad que tienen algunos políticos para poner los bueyes detrás del carro, sobre todo cuando de administrar recursos ajenos se trata. En este caso, quizá porque la Alcaldesa de Pamplona o algún grupo que se siente implicado es capaz de tirar del carro arrastrando a éste, a los bueyes, y a buena parte de la clase política.

Esos informes tan favorables nos dicen que los 2,72 autobuses que por cada cien vehículos circulan por la zona en horas de mayor tráfico no tienen incidencia significativa para la circulación, la cual, representando entre el 54, 2 y el 73,1% del índice de saturación, según las vías y en hora punta, está lejos de saturar la zona. Valorar lo que sucede hoy, sin hacer una proyección que tenga en cuenta los incrementos futuros, ni forma parte del profundo análisis de que habló Miguel Sanz ni tiene el significado que de ellos pretenden extraer. Todo lo contrario. Si ahora, según la calle y la hora, estamos al 73,1% de saturación, no hay que ser un lince para augurar que en pocos años la zona estará totalmente saturada, por lo que la futura estación tendrá una vida mucho más corta que los 70 años que ha durado la actual.

En cuanto al costo, los propios redactores del proyecto reconocen que, al ser totalmente subterránea, su mantenimiento será más costoso que si estuviera total o parcialmente en superficie, o, por lo menos, dotada de ventilación natural. También será menos cómodo su uso, y menos segura. La ventilación forzada está garantizada, nos dicen, ¿pero se ha valorado el riesgo que puede ocasionar tanta acumulación de gases de combustión ante un apagón o una avería del sistema? Por otra parte, si no se tiene reparo en gastar tres veces más de lo que costaría la estación en Echavacoiz, ¿dónde quedan los llamamientos a la moderación en el gasto? ¿Es creíble tanta campaña para ir "sumando energías", tanta retórica anticontaminación y tanto bombo con la huella ecológica cuando se pretende concentrar todo el tráfico en un punto?

Cuando escribo estas líneas leo que el consejero de Economía advirtió que por problemas de consignación presupuestaria todas las viudas navarras no podrían recibir los complementos de mínimos que fueron acordados y exige la oposición. ¿Miguel Sanz tendrá valor de decirles que no hay dinero para todas porque más de 4.000 millones de las antiguas pesetas se van a destinar a cubrir caprichos como el de una estación en el centro? ¿A cuantos pueblos se les comunicará que sus legítimas necesidades no podrán ser atendidas porque se ha decidido enterrar el dinero en la Ciudadela? ¿Y cuantas carreteras y obras públicas se podrían arreglar o construir con ese dinero para facilitar el desarrollo de comarcas que no tienen otra alternativa para escapar de un futuro que, gracias a nuestros políticos, las condena a su desertización física y humana?

Si un gasto es necesario, por gravoso que sea, cuenta con el asentimiento mayoritario cuando se opta por el más adecuado, menos agresivo y menos costoso. Pero cuando por puro capricho se decide el gasto de miles de millones de pesetas mientras que a algunos ciudadanos y comarcas se les somete a un régimen que les lleva a la inanición, estamos ante un comportamiento que entra de lleno en las desviaciones que producen las mayorías absolutas -aunque sean sobrevenidas- cuando son gestionadas por grupos que parecen tener poca convicción democrática, y/o por personas que actúan como pardillos que se dejan seducir por el bruñido brillo del poder y la riqueza.