La construcción de un edificio en la calle Merindad, cerrando las vistas del edificio existente y dejando entre ambos un callejón ciego de tres metros de anchura, es más propio de los años 60 o del medievo. Entonces, esos callejones y belenas podían tener una explicación; pero hoy no existen razones para permitir esa obra, máxime en un lugar tan visible y señalado.

Según ha recogido la prensa, desde el antiguo propietario hasta el constructor han reconocido que se trata de una faena para los vecinos ( el constructor llegó a dudar de que en esa parcela fuera posible levantar un edificio). Todos: propietario, constructor, vecinos afectados y ciudadanos, lo consideramos un despropósito. Todos, menos un ayuntamiento al que falta voluntad, capacidad y ganas.

Dudo mucho que entre la aprobación inicial del Plan Parcial del Sector B y el momento actual se hayan dado los pasos correctos para que la licencia adjudicada sea de una legalidad intachable. Pero aunque así fuera, seguramente que, al manifestarse el problema, los anteriores gestores habrían mostrado una sensibilidad que está ausente en el actual equipo de (des)gobierno, al que como responsable de la concesión de la licencia corresponde la solución de un problema que , cogido en sus inicios, hubiera sido sencillísima. No pueden decir la Alcaldesa y Beorlegui que todo era legal y nada se podía hacer, porque, aunque lo primero fuera cierto, lo segundo es falso. Reconociendo la faena, el ayuntamiento podía haber tomado una de las siguientes medidas: a) permutar los derechos edificatorios para que el edificio se levantara en otro solar, b) dar más aprovechamiento a otros solares del mismo sector, propiedad del constructor, y c) modificar la norma para impedir su edificación. La última solución es injusta para el constructor -él no tiene la culpa-; la primera tiene un coste para el ayuntamiento; pero la segunda no cuesta nada a nadie. Por eso, ampararse en la legalidad de la licencia es risible, porque tal legalidad se basa, exclusivamente, en que se ajusta a una normativa (que puede ser injusta e inadecuada, como parece ser el caso), tan inmutable, que se cambia todos los días para adecuarla a las necesidades locales, pero también para adaptarla a la conveniencia de los intereses privados, cuando no, como en el asunto de la residencia geriátrica, para legalizar la ilegalidad cometida.

El edificio de Marras.

Este hecho del geriátrico nos muestra la legalidad con que se puede llegar a trabajar: se autorizó una cuarta planta, legal hasta que los tribunales demostraron lo contrario. Por eso, cuando nuestra inefable alcaldesa dice que nada se puede hacer, hay que recordarle que nuestro ayuntamiento hace lo que quiere: legalizar lo ilegal; hacer la vista gorda, o mirar con lupa; saltarse los trámites, o exigirlos con una minuciosidad que puede llegar a ser obstruccionista; dar licencias a sabiendas -o debería saberlo- de que contravienen la norma y no cuentan con el soporte jurídico necesario; paralizar compromisos y convenios formalmente adquiridos; trocear polígonos en beneficio del promotor; y muchas más cosas de las que se pueden dar abundantes ejemplos.

Tampoco es aceptable que a nuestra Bozal y Bozal le parezca una buena solución que, aconsejados por el ayuntamiento, los vecinos negocien con el constructor la compensación económica que posibilite un edificio más bajo. La labor de la Alcaldesa no debe consistir en aconsejar a los vecinos que negocien la solución de un problema que ella y su equipo han creado. Lo que debe de hacer es ganarse los cinco millones que entre todos le pagamos, y los varios más que saca del Parlamento, solucionando los problemas y no desentendiéndose de ellos. Y en cuanto al Sr. Beorlegui, tan aficionado como abogado a defender cualquier causa ¿opinaría lo mismo si los afectados fueran a consultarle, como clientes, a su despacho?

Nota: esta colaboración se publicó en el suplemento Merindad de Estella de Diario de Noticias, el 29/09/01. Sustituía a otra colaboración que, enviada meses antes, no se publicó. Esta debió de molestar mucho a Beorlegui, el cual me contestó con una carta de todo punto indigna de su condición de abogado en ejercicio y cargo público.

Los afectados por el edificio interpusieron una demanda contra el constructor, la cual no obtuvo el efecto que esperaban, por lo que llegaron a un acuerdo económico con él. Después interpusieron una demanda contra el Ayto., único responsable de la barbaridad cometida. Espero que unos cuantos de esos supuestos servidores públicos tengan que rendir cuentas ante la justicia por el daño que su decisión produjo, y por las irregularidades que, supuestamente, cometieron.

Esta colaboración, junto con "Crear el problema y...", "...lavarse las manos", "Aclarando sombras" y "Marcando trochas", analizan el mismo problema.