Después de tres ocasiones fallidas, en la cuarta subasta fue adjudicado el solar del barrio de La Merced de Estella en el que estuvo la fábrica de Agni, propiedad del INSS (por las mismas fechas fue adjudicado, también, el antiguo aparcamiento de la misma fábrica, propiedad del BCH) Pasar de los 66 millones de la tercera subasta a los 45 millones de la cuarta, no es motivo como para que un solar denostado pase a ser deseado. Las 730.000 Pts./vivienda que se pedían en la tercera subasta, o las 500.000 en que fue adjudicado (375.000 Pts. si se acepta la ampliación del número de viviendas que solicita la nueva propiedad), cuando el módulo de VPO establece para viviendas de 90 metros útiles, sin contar anejos y descontados los gastos de urbanización, un precio que para ese solar se puede cifrar en torno al millón y medio para el Régimen General, y millón trescientas mil pesetas para el Régimen Protegido, es, en cualquier caso, un chollo, que si hasta la fecha no ha tenido aceptación se ha debido a su ubicación: se venía considerando que nadie estaría dispuesto a vivir en esa zona y, por tanto, cualquier precio que se pagara sería excesivo.

¿Qué ha cambiado entre la tercera (noviembre de 2000) y la cuarta subasta (noviembre de 2001)? La respuesta es la elaboración del Plan Local de Incorporación Social de Estella elaborado por el Departamento de Trabajo Social y la UPNA, entregado al ayuntamiento el 27 de marzo de 2001, y en cuya Propuesta de intervención urbanística y social en el Barrio de La Merced señala, como actuaciones urbanísticas a ejecutar, la "adquisición inmediata, por parte del Ayuntamiento, de las parcelas que ahora poseen el INSS y el BCH para posibilitar actuaciones correctoras en el terreno de la vivienda y de recuperación del entorno y nexo de unión con la ciudad", lo cual permitiría "el derribo de los dos bloques más deteriorados de la calle Pieza del Conde [Grupo Izarra] (...) y el realojamiento disperso, lento y selectivo en Estella, pueblos de los alrededores y otras ciudades y pueblos de Navarra de las personas que los habitan". El haber incumplido el ayuntamiento lo señalado por el Plan de Incorporación, permitiendo la adquisición de los solares por promotores privados, significa que el citado Plan queda en buena medida inaplicable; que la ciudad ya no podrá contar con esos terrenos para solucionar el grave problema de marginalidad y hacinamiento que en esa zona tiene; o que la solución se puede encarecer notablemente si la inclusión social forma parte del negocio inmobiliario. Cabe también la posibilidad de que donde ahora hay un grave problema, en el futuro tengamos otro mucho mayor si la nueva promoción sale al mercado ajena al Plan de Incorporación.

Está dentro de lo posible el que los compradores no tuvieran conocimiento del documento, lo cual no exime de responsabilidad al Ayuntamiento por no haber adquirido los solares, máxime cuando tenía partida presupuestaria para la promoción de viviendas, el propio Plan de Incorporación recomienda su compra, y casi toda la oposición la solicitó, hasta el punto de que los socialistas rechazaron la aprobación de los presupuestos del 2002 y dimitieron de las presidencias de las comisiones "por haber dejado sin dotación económica al Plan de Incorporación". Pero también cabe la posibilidad de que los promotores, avisados del contenido del citado Plan, los hayan adquirido pensando que al ser esos solares totalmente necesarios para su desarrollo, el negocio era seguro y generador de grandes plusvalías.

Cuando en febrero de 2002 los concejales socialistas dimitieron de las presidencias de las comisiones, la de Bienestar Social pasó a ser presidida por una concejala de UPN, a la que le falto tiempo para entregar el Plan a la prensa (como siempre, hay excepciones: aún estoy esperando contestación a la solicitud que formulé y firme el 20 de mayo pasado para tener acceso al documento), sin molestarse en buscar su desarrollo y ejecución. Es cierto que para entonces el solar ya había sido adquirido. Pero indica el talante con el que se afrontan los problemas: el concejal socialista lo había mantenido en reserva para evitar crear expectativas y evitar que filtraciones indeseadas dieran al traste con la compleja operación; la nueva presidenta sólo pensó en la foto.

Para dilucidar si nuestra alcaldesa y su equipo es o no ajena a la situación, conviene preguntarse: ¿ha habido filtración desde el equipo de gobierno, o desde algún alto funcionario, para que alguien pueda hacer negocio a costa de la incorporación social? ¿ha habido filtración inconsciente, fruto del mal hacer del ayuntamiento y de su manifiesta incapacidad para valorar las consecuencias de sus actuaciones? ¿existen conexiones profesionales, clientelares, políticas o familiares entre promotores y políticos o funcionarios? ¿o se debe a simple azar la coincidencia entre compra y Plan? Son preguntas que debe plantearse una oposición consciente de su labor fiscalizadora y de su obligación de ofrecer alternativas y demandar y proponer soluciones, evitando ser cómplice y cooperadora de tanto desgobierno, y exigiendo la depuración de las responsabilidades a que hubiera lugar. No se comprende que el ayuntamiento, sin ninguna otra valoración que el interés de los promotores por hacer aún más rentable la operación, esté tramitando la ampliación, desde las 90 viviendas que permite el Plan General, hasta las 120 que solicita la propiedad, sin exigir una garantía económica para que las viviendas se construyan vinculadas al Plan de Incorporación, y en un plazo predeterminado, para así evitar que el promotor sólo esté interesado de elevar el techo del solar.

En mi opinión, no se debe autorizar la construcción de más de las 90 viviendas que señala el Plan General, por las cuales pujó el comprador, y cuya rentabilidad valoró en aquel momento. Si ahora no le cuadra el negocio, dígale el ayuntamiento que no se apure: ofrézcale el precio abonado, para que de esa manera, resarcido el promotor de los gastos que haya tenido, y adquirido el solar por la administración, pueda esta abordar el problema de la inclusión social.

Nota: esta colaboración se publicó en Diario de Noticias, el 11 de marzo de 2003.